MIMETISMO Y CRIPSIS COLOMBIANA
El derecho a la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la persona y por supuesto esencial para la realización de los demás derechos, así lo manifiesta la constitución política de Colombia y muchos otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran el derecho de toda persona a que se respete su vida, estableciendo claramente que “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Lo que presupone que el estado está en la obligación de proteger y preservar el derecho a la vida, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su autoridad.
Hablar de la violación de los derechos humanos en Colombia por parte de grupos armados al margen de la ley, es un eufemismo para tapar los crímenes y el terrorismo del Estado que durante décadas ha asolado a nuestro pueblo.
Recordemos que a mediados del siglo pasado, en la época denominada como la “Violencia”, murieron alrededor de unos trescientos mil colombianos en un ataque violento por parte de la derecha en el poder que aliada con el clero, acabo con la ilusiones de un pueblo que no podía resignarse al asesinato de su única esperanza: Jorge Eliécer Gaitán, su Caudillo. Una conjunción de fuerzas reaccionarias, entre las que no podía faltar la CIA, como luego se supo por documentos desclasificados, liquidaron a Gaitán. Un consenso general señala que en ese momento s Colombia perdió su única esperanza.
Hecho que demuestra que las grandes tragedias de Colombia provienen del estado, de aquellos que dicen ser los representantes del pueblo, pero que son los mismos que violan nuestros derechos.
Para no irnos muy lejos y poder evidenciar una vez más los atropellos del estado cabe recordar el episodio de los falsos positivos, hecho que paralizó al país por completo .El escándalo de los falsos positivos estallo cuando fueron hallados los cadáveres de 19 jóvenes sin identificar que habían sido entregados por el Ejército a Medicina Legal del Norte de Santander como subversivos caídos en combate. Se trataba, en realidad, de chicos humildes que habían sido secuestrados de sus comunas en las afueras de Bogotá y asesinados horas después de que sus familiares denunciaran las desapariciones.
Los llamados falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, es decir, asesinatos fuera de combate por parte de integrantes de las fuerzas armadas del Estado cometidos contra civiles, fue una modalidad creada por parte de militares inescrupulosos que buscaban recibir las recompensas otorgadas por cada baja reportada que ofrecía el Gobierno y esto sucede justamente cuando el Gobierno está dando los más duros golpes contra grupos terroristas y ha logrado liberar a decenas de rehenes, así como la deserción de gran número de insurgentes de las FARC gracias a una serie de incentivos .- que ironía no-
Los falsos positivos dejaron como victimas alrededor de 2.000 según la ONU, pero otras entidades oficiales aseguran que son
más de 5.000 las víctimas, que en su mayoría eran personas humildes y campesinas. Lo que demuestra que la seguridad democrática que tanto defiende el ex presidente Uribe nunca existió.
Por eso mismo estos crímenes no deben quedar impunes .Se tiene que hacerse una exhaustiva investigación para hallar a los verdaderos culpables y que les caiga todo el peso de la justicia, porque nadie en un Estado de derecho está por encima de sus propias leyes. Por el momento el país debe conformarse con la ley de víctimas que busca responder a la necesidad de garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, a más de cuatro millones de colombianos que han sufrido alguna afectación en sus derechos fundamentales, siempre que esta afectación sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos. En esta ley está integrado el proyecto de ley de restitución tierras, otra iniciativa liberal que busca devolverles las tierras a quienes fueron despojados de ellas como consecuencia del conflicto. Al parecer los del partido liberal, -quienes han liderado esta propuesta- se han anotado un gol y por supuesto nuestro presidente, quien se ha visto afectado por la aprobación de esta ley, en la medida en que su colega Álvaro Uribe no está gustoso con las decisiones que ha tomado.
En fin, al analizar la ley de víctimas debemos mirar la parábola completa de todo este proceso de violencia y desgracia y la incapacidad del estado de defender a los ciudadanos sencillos e indefensos de los victimarios, de toda aquellos que se autonombran salvadores del pueblo y se sienten automáticamente autorizados para victimizar al que ellos así lo consideren; ahora el estado dice que bajo ciertas condiciones específicas resarcirá a las víctimas y se cierra la parábola. No se huele aquí un tufillo de idiotez colectiva generalizada?. Sin embargo oponerse a la ley de víctimas es como oponerse a ayudar a la niñez desvalida o a los ancianitos abandonados.
¿Será que con la aprobación de la ley de víctimas los afectados lograran llenar ese vacío que les causo la pérdida de un familiar?, ¿cómo se puede justificar que el mismo pueblo que hoy repudia el acto de los falsos positivos, sea el mismo que escogió como presidente al hombre que tenía a su mando las fuerzas armadas de Colombia cuando sucedieron todos estos atroces crimines? ¿Qué se puede esperar de quienes dicen velar por nuestras vidas, si son ellos los que atenta contra nosotros, olvidándose de lo estipulado en el artículo 2 que dice que las “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades… ”? ¿Será entonces que Colombia es un país sin memoria, acostumbrado a que se nos violen los derechos y no hacer nada, solo quedarnos callados? ¿De qué nos sirve que la Constitución Política de Colombia, desde su Preámbulo proclame como uno de los fines de la Nación asegurar a sus integrantes la vida, estableciendo además en su artículo 11 que “el derecho a la vida es inviolable” y que “No habrá pena de muerte”, Cuando es el mismo estado el que viola y ultraja la vida de sus ciudadanos, pasando por encima de lo que ellos mismos han pregonado? Es evidente que la amenaza más fuerte contra el país, es sentir cada día más que el crimen está muy cerca del gobierno, que muchos de quienes están o han estado en el anterior y actual gobierno tienen nexos concretos con la corrupción, el delito, el narcotráfico, el paramilitarismo y el crimen organizado.
DARY LUZPÉREZ PICO
